viernes, 28 de septiembre de 2012

Empresa de Producción Social Directa en Petare


Área Metropolitana de Caracas

Comunidades conformaron empresa de producción social

Comunidades conformaron empresa de producción social
(28-Sep-2012) Al menos 120 operarios y operarias forman parte del personal de la empresa de producción social que se encarga del manejo y recolección de los desechos sólidos en Petare, conformada luego que se emitiera el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras Atribuciones.
Es importante destacar que los promotores de este proyecto están siendo formados por la Defensoría del Pueblo en materia de derechos humanos, en la parroquia Petare.
Las gestiones pertinentes para la contratación del personal, constituido por miembros de las comunidades, estuvo a cargo de la Oficina de Gestión Comunal y Ambiental del municipio Sucre, la cual está bajo la tutela del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, informó la vocera del Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos de la mencionada localidad, Ingrid Sánchez.
En la actualidad, la referida empresa recolecta 450 toneladas de desechos sólidos en los sectores José Félix Rivas, El Morro, Mesuca, Barrio Unión, San Blas, Maca, casco central de Petare, El Llanito y Las Brisas, así como en las parroquias La Dolorita, Mariche y Caucaguita del mencionado municipio. Fin / José David Delgado

jueves, 27 de septiembre de 2012

Poder popular y DdP reflexionan sobre “Cultura de Paz”


 Un total de 130 voceras y voceros de los Consejos para la Defensa de los Derechos Humanos, consejos comunales, líderes y lideresas comunitarias, asistieron a la Jornada de Reflexión - Acción: “El Poder Popular y la Cultura de Paz”, realizada en el auditorio del Museo de Barquisimeto, en Lara, en el marco del Día Mundial de la Paz, conmemorado el pasado 21 de septiembre.
La actividad contó con una serie de exposiciones a cargo de Yanina Karabin, Presidenta del Circuito Judicial Penal, quien abordó “Los Consejos Comunales y la Convivencia Solidaria”; Milexa Marchán, del Colectivo Teología Feminista y Cotidianidad con el tema “La Mujer como constructora de la Paz”; Gisela Cañizalez, Directora de la Zona Educativa-Lara compartió el tema “Dibujemos la Paz con los Niños, Niñas y Adolescentes”; Carmen Luzardo, Directora del MINCI-Lara, quien debatió con los asistentes “La Cultura de Paz y Medios de Comunicación”.
También participaron Carolina del Mar Rodríguez, Educadora Popular, quien se refirió a “La Cultura de Paz un propósito del colectivo”; y finalmente, Elba Yris Rodil, Defensora Delegada del estado Lara, quien presentó una ponencia sobre “Algunas propuestas para accionar hacia una Cultura de Paz”.
Cabe destacar que la actividad tuvo como objetivo desarrollar un espacio de reflexión y diálogo, cuyo resultado fue el compromiso colectivo de generar acciones que promuevan la convivencia solidaria en la familia, en las escuelas y en las comunidades, tal como lo señaló Elba Yris Rodil.
Las y los participantes manifestaron su interés por haber asistido al encuentro y propusieron que dicha jornada sea replicada en los distintos municipios de la entidad larense; propuesta que fue acogida por las expositoras del evento, asumiendo el compromiso de efectuarlo en los meses venideros.
Adicionalmente, el Consejo Nacional Electoral estuvo presente en el evento, con la Feria Electoral, promoviendo la participación del pueblo en las venideras elecciones presidenciales del 7 de octubre

Conversatorio en Antimano

En la Escuela Nacional  Antimano 1  se llevo a cabo el Coversatorio sobre DDHH y Mujer a una Vida libre de violencia. 


 Todas y todos  compartieron saberes


Una inquietud de ser multiplicadores y multiplicadoras desde sus hogares para así impulsarlo a la comunidad.


Construcción colectiva y participación activa.-




Formación Poder popular.........................

lunes, 24 de septiembre de 2012

Formación nuevo periodo escolar 2013-2014


Área Metropolitana de Caracas

DdP iniciará formación de defensores escolares en Caracas

DdP iniciará  formación de defensores escolares en Caracas
(21-Sep-2012) A partir de este nuevo período escolar 2012-2013, la Defensoría del Pueblo (DdP), desarrollará el programa de formación de Defensoras y Defensoras Escolares en distintas escuelas de la capital.
Mediante la aplicación de la mencionada propuesta, coordinada por la Dirección de Promoción y Divulgación de la DdP, se busca mantener y estimular una conciencia sobre el buen trato,  la solidaridad y los derechos humanos en la población infantil.
Los contenidos de este programa son impartidos mediante estrategias de enseñanza-aprendizajes basadas en el constructivismo, a través de las cuales los participantes obtienen los conocimientos desde sus  propias experiencias personales.
Según el Director General de Promoción y Divulgación de la DdP, Carlos Molina,  el proyecto ya se encuentra funcionando en varias instituciones educativas del interior del país, y hasta ahora, ha impactado positivamente a más de mil quinientos niños y niñas.
Finalmente, el programa se ejecutará a través de  la unidad de Promoción y Haciendo Comunidad para los Derechos Humanos de la Defensoría Delegada del Área Metropolitana de Caracas. Fin / José David Delgad

Curso básico Derechos Humanos en Petare.


Con gran éxito culmino el Curso básico intensivo en el Consejo Municipal, con los temas Derechos humanos, visión critica, derecho petición, detenciones arbitrarias, ley de rango de trasferencia, poder popular, Ley orgánica de la mujer a una vida libre de violencia, Lopnna  y diversidad sexual.  Con el apoyo de los y las facilitador@s  Lorimer Trujillo, Imber Acosta, *Ricardo Hung y Albanys Perez* en la foto. Juan Carlos Castro e Ingrid Sanchez.

Los y las participantes del equipo de Gestión comunal y ambiental de Petare, voceras y voceros de Consejos Comunales, y poder popular de Guarenas durante dos semanas compartieron saberes y quedaron camino a consolidar para Enero 2013 inicio del Diplomado. Ya que después de 7 de octubre seguiremos con los Cursos a 120 operari@s para seguir adelante con la constitución  una empresa de propiedad social directa en la transferencia de recolección de Desechos Solidos.


Gracias a Rafael Gelvis *Coordinador de la Oficina de Gestión Comunal y ambiental*  Alexander Cegarra *Vice Ministro de ambiente* y al Consejo para la Defensa de Derechos Humanos JFR.

domingo, 16 de septiembre de 2012


Chaderton: en la CIDH hay corrupción

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) es un organismo donde “se ve la corrupción de forma permanente, ya que ha generado un negocio de denuncias para las ONG y bufettes de abogados internacionales ávidos de obtener dinero con sus sentencias”, dijo ayer el embajador venezolano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton Matos.
“También intentan sacar un crédito político a nivel internacional al intentar instalar la idea de que Venezuela es un país que viola los derechos humanos”, sostuvo el diplomático en entrevista en Telesur.
Charderton Matos destacó que la salida de Venezuela de ese organismo significa “romper con las cadenas que ataban al país a la dictadura imperial, es una verdadera rebelión”. También expresó que no tiene esperanza de que haya cambios en la Corte en el corto plazo, como exigieron los países progresistas de la región.
Por su parte, el representante de Venezuela en la CIDH, Germán Saltrón, ratificó que la comisión del ente internacional siempre ha tenido una “actitud sesgada contra Venezuela”.

Consulta nacional aportará voz del pueblo a la Misión A Toda Vida Venezuela


Soraya El Achkar: Consulta nacional aportará voz del pueblo a la Misión A Toda Vida Venezuela

12/09/12.-Desde la semana próxima se desplegarán más de 800 integrantes de un equipo multidisciplinario en la Consulta Nacional “Por una Convivencia Segura” en el marco de la Gran Misión “A Toda Vida Venezuela”. El objetivo general de esta iniciativa es promover la participación de diversos sectores sociales del país en el diseño de una política integral en el área de la seguridad ciudadana.
Así lo anunció en rueda de prensa la rectora de la Universidad Experimental de la Seguridad (UNES), Soraya Al Achkar. “La consulta popular es una exigencia ética y política para el diseño de una política integral en materia de seguridad ciudadana, que se nutre de la sistematización de información y de las propuestas del pueblo”, expresó la Rectora.
El Achkar confirmó que la consulta se extenderá a comunidades organizadas, trabajadores, campesinos, empresarios, transportistas, jóvenes, estudiantes, niñas, niños y adolescentes y también alcanzará a mujeres, la comunidad sexodiversa, los privados de libertad, víctimas de delito, y a los trabajadores de medios de comunicación entre otros sectores.
Remarcó que la consulta a la población de Venezuela ha marcado también otros procesos en materia de seguridad, como la reforma policial y la construcción de una política pública en materia de control de armas, municiones y desarme. “Si algo ha marcado nuestro trabajo es que tuvimos la capacidad, la humildad y la disposición de escuchar al pueblo, de construir las soluciones de este tema desde la propia lectura del pueblo”, destacó la Rectora.
Los temas sobre los que se consultará a la población se estructuran en cuatro ejes: la prevención integral, la justicia penal, el sistema penitenciario y el sistema de atención a las víctimas de la violencia.
Por su parte, El Achkar explicó que el equipo de consulta se desplegará en todo el país para conocer la opinión, inquietudes y experiencias de todos los sectores sociales. Se estima que participen 200.000 ciudadanas y ciudadanos.
El despliegue se realizará en dos fases, desde el 16 hasta fines de septiembre, primero en Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo, Zulia, Lara, Táchira, Sucre, Bolívar y Vargas. Luego de la primera quincena del mes de octubre, los equipos visitarán Amazonas, Anzoátegui, Barinas, Apure, Guárico, Mérida, Portuguesa, Yaracuy, Cojedes, Trujillo, Falcón, Nueva Esparta, Monagas y Delta Amacuro.
“Esperamos tener los resultados de esta consulta a fines de octubre o principios de noviembre, y como siempre se darán a conocer por todas las vías posibles”, precisó la Rectora de la UNES, quien estuvo acompañada por los integrantes del equipo multidisciplinario que realizará la consulta en el terreno.
Todas las propuestas serán sistematizadas por un equipo multidisciplinario conformado por la UNES. “Estos jóvenes tiene experiencia en la realización de estos talleres y están deseosos de acercarse a nuestro pueblo”, manifestó.
Igualmente, se prevé el desarrollo de 6 foros con el sector académico conjuntamente con las universidades nacionales en: Caracas, Mérida, Lara, Zulia, Carabobo y Sucre y la realización de dos seminarios internacionales para evaluar y lograr acuerdos sobre la participación de los medios de comunicación en los temas de seguridad ciudadana.
Además se implementarán mecanismos de consulta difusa, a través de la red social Twitter en las cuentas @UniversidadUnes, @MisionAtodaVidaVZLA, @consejopolicia y @comisiondesarme y mediante la página web de la UNES: www.unes.edu.ve. También se implementará una encuesta telefónica con la colaboración de la empresa estatal de comunicaciones CANTV.

Caso Atenco (Mexico)


MAYO 15, 2012

Para entender (y no olvidar) el caso Atenco

Dado el clima de violencia que se vive en nuestro país, uno de los temas que debería preocupar al electorado, con miras a las próximas elecciones presidenciales, es la política de los distintos candidatos en materia de seguridad pública y respeto a los derechos fundamentales. Entre los casos que más conmocionaron a la sociedad en esta materia en los últimos años –y que al parecer ha sido olvidado por muchos– se encuentra el Caso Atenco, el cual fue estudiado por la Suprema Corte en la facultad de investigación 3/2006. El propósito de este texto es recordar puntualmente lo que la Suprema Corte decidió en el Caso Atenco, en concreto explicar dos preguntas clave: sí hubo violaciones de derechos fundamentales y, en su caso, quiénes fueron las autoridades responsables de éstas.
Antes de presentar el resumen de lo decidido por el Pleno, es necesario aclarar que los resultados obtenidos de una facultad de investigación, con fundamento en el antiguo segundo párrafo del artículo 97 constitucional, son distintos de aquellos que corresponden a los procesos jurisdiccionales sancionadores, ya que en estos no se pretendía fincar responsabilidades penales, administrativas o civiles. El propósito de las investigaciones constitucionales era estudiar un conjunto de hechos definido, para determinar si en los mismos había habido violaciones graves de derechos fundamentales y las autoridades que podían considerarse como involucradas en éstas, sin hacer un pronunciamiento sobre las distintas responsabilidades en las que podía haber incurrido cada una.
Los hechos
Los días 3 y 4 de mayo de 2006, en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, ocurrieron una serie de enfrentamientos entre los pobladores de dichos municipios y elementos de las policías federal, estatal y municipal, que mostraron una manifestación ilimitada de la fuerza pública del Estado.
Lo que inició como un conflicto entre floricultores y las policías estatal y municipal, desató una serie bloqueos carreteros, marchas y enfrentamientos entre inconformes y policías, que dejaron un saldo de dos muertos y 191 detenidos, de los cuales 183 denunciaron abusos policiales[1] y 31 de las 50 mujeres detenidas denunciaron abusos sexuales, todos ocurridos durante su detención y traslado[2].
Violaciones graves de derechos fundamentales
Después de estudiar los hechos del caso, el Pleno de la Suprema Corte, por una mayoría de 10 votos, determinó que los días 3 y 4 de mayo de 2006, en Texcoco y Atenco, Estado de México, ocurrieron violaciones graves de derechos fundamentales, debido a que los agentes de las corporaciones policiales que participaron en los distintos operativos “ejercieron la fuerza pública de manera excesiva, desproporcionada, ineficiente, improfesional e indolente hacia al respeto de los derechos humanos, tanto de las personas que fueron detenidas en esos operativos, como de otras que estaban en las inmediaciones[3].
En este sentido, el Pleno abundó en que la intensidad, la violencia y el exceso en el que se incurrió en el uso de la fuerza pública se materializaron en diversas violaciones de derechos fundamentales. Destacando las siguientes:
  1. Derecho a la vida. Dos jóvenes perdieron la vida, uno de ellos era menor de edad. El Pleno determinó que aunque no se pudiera establecer contundentemente que fueron policías quienes privaron de la vida a los jóvenes, esas defunciones ocurrieron en el marco de una confrontación abierta entre civiles y policías, de operativos ejecutados en modos injustificables. Esto permite sostener que el derecho a la vida de estos jóvenes fue quebrantado por la autoridad, porque el Estado no cuidó los deberes positivos que este derecho implica al usar ilícitamente la fuerza pública[4].
  2. Derecho a la libertad sexual, a la no discriminación por género y a no ser torturado.Se denunciaron 31 casos de agresiones sexuales, que iban desde manoseos hasta penetración vaginal, generalmente acompañados de violencia física y moral. Estos actos violentaron el derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad y, en razón de que fueron proferidos sólo a las detenidas, la violación a este derecho se asocia con la violación a su derecho a la no discriminación por género[5].
  3. Derecho a la integridad personal y derecho a no ser torturado. El análisis de las agresiones físicas y lesiones que, propinadas por policías, sufrieron los detenidos, así como los periodistas que cubrían estos hechos, evidencian que hubo múltiples violaciones al derecho a la integridad física de las personas, y que, en algunos casos, incluso encuadran en la definición típica de actos de tortura[6].
  4. Derecho a la libertad personal y derecho a la inviolabilidad del domicilio. Se violó el derecho a la libertad personal, ya que hubo múltiples detenciones arbitrarias, sin que los captores tuvieran claro si las personas a quienes detenían habrían participado en los hechos delictuosos. Además, hubo más personas que fueron retenidas ilegalmente, incluyendo cinco extranjeros[7]. Sobre el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el Pleno determinó que muchas de las personas fueron detenidas en el interior de domicilios particulares y, por otra parte, la policía realizó múltiples diligencias de cateo sin que mediara orden judicial y sin que con tales actos realizara detenciones por flagrancia[8.
  5. Derecho al debido proceso legal. El Pleno determinó que los procesos penales abiertos contra muchos de los civiles detenidos adolecían de irregularidades importantes, que denotan una amplia falta de diligencia y responsabilidad en la integración de la averiguación previa y las consignaciones. Entre las violaciones destacan la falta de veracidad en los partes policiales; violaciones al derecho a la defensa, como que no se informara a los detenidos los derechos que les asistían y se les obligara a declarar sin asistencia de defensor[9].
  6. Derecho a la justicia. El Estado incumplió con su obligación de investigar y castigar los actos vulneradores de derechos fundamentales. En la mayoría de los casos no se efectuó una investigación seria, imparcial y efectiva, para la determinación de la verdad y la captura, enjuiciamiento y, en su caso, el castigo los responsables. Además, los procedimientos administrativos iniciados para investigar los abusos policiales no implicaron una investigación real y efectiva, para determinar quiénes atentaron contra la integridad de los detenidos[10].
  7. Derecho al trato digno de los detenidos. Las personas detenidas en los operativos fueron objeto de excesos de fuerza física sobre ellos, que les causaron lesiones. Fueron objeto de aplastamiento y pisoteos en las camionetas que eran trasladados y víctimas de tratos tortuosos[11].
  8. Derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. Se violaron estos derechos porque se restringió libertad de buscar, recibir y difundir la información a los periodistas y porque se limitó, de manera violenta e irracional, el derecho a difundir actos del Estado[12].
El Pleno reconoció que muchas de las acciones de la policía estuvieron precedidas por actos de violencia por parte de civiles y que el uso de la fuerza pública estuvo, en términos generales, justificado en dichos eventos. Sin embargo, esto no justifica que se actuara con la violencia con que se actuó, ni que se ejerciera la fuerza de esa manera. La fuerza pública debe ejercerse, además de excepcionalmente, sólo en la medida en que es necesaria, tomando las precauciones para minimizar los riesgos de su uso[13].
Por lo anterior, el Pleno concluyó que las violaciones de derechos fundamentales ocurridas en el Caso Atenco fueron graves, en virtud de que los hechos violatorios de derechos fueron el resultado de acciones ilegítimas, violentas, excesivas e injustificables en una policía que opera en un país donde la acción del Estado se limita por la Constitución, que debe ser respetuoso de los derechos fundamentales[14].
Autoridades involucradas
Debido a que los hechos violatorios de derechos fundamentales fueron ocasionados principalmente por un uso indebido de la fuerza pública, para analizar qué autoridades estaban implicadas en las violaciones, el Pleno se formuló la siguiente pregunta: ¿Era objetivo o instrucción en los operativos agredir, lesionar o afectar física y/o psicológicamente?
El dictamen estima que la intervención de la fuerza pública fue ejecutada por personal policíaco operativo, quienes no habrían decidido por sí mismos realizar tales acciones, atento a la estrecha capacidad decisoria que en ellos recae[15].
En el primer enfrentamiento fue la presidencia municipal la que decidió usar la fuerza policial como medio para lograr la reubicación del comercio ambulante. También fue a petición de dicha administración que la policía estatal inició su intervención en la conflictiva. Respecto a los demás operativos del 3 de mayo, más allá de que la decisión haya sido tomada por los titulares de la Policía Federal Preventiva y la Agencia de Seguridad Estatal, no aparecen datos que permitan suponer que los operativos hubieran sido decididos u ordenados por funcionarios más altos que ellos[16]. Por lo mismo, el Pleno se limitó a señalar como autoridades involucradas en los eventos del 3 de mayo, a los altos mandos de estas policías.
En virtud de lo acontecido el 3 de mayo, el gobernador del Estado de México, el Secretario General de Gobierno, el Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, el Secretario de Seguridad Pública Federal, el Comisionado de la Policía Federal Preventiva, el Presidente Municipal de Texcoco y el Presidente Municipal de Atenco, entre otros, acordaron atender la situación e implementar los operativos policiales que se fueron desarrollando en Texcoco y Atenco. Al analizar el grado de vinculación de dichas autoridades con los eventos del 4 de mayo, en el dictamen se indicó que “aunque estos funcionarios fueron quienes decidieron, ordenaron o autorizaron, realizar las intervenciones de fuerza pública, ello no significa que estas autoridades hayan ordenado lesionar o abusar de los inconformes”[17]. En el dictamen se señala que no era objetivo inmediato y por sí mismo que en estos operativos se agrediera a los inconformes.[18].
Atendiendo a lo anterior, en el dictamen simplemente se señalaron como autoridades involucradas en las violaciones de derechos fundamentales a los miembros de los cuerpos policiacos que intervinieron físicamente en el despliegue de la fuerza pública, pues sí se acreditó que, en su intento por lograr las capturas y detenciones, los policías se valieron de agresiones injustificadas[19].
No se consideró que estuvieran directamente involucrados ni los altos mandos, ni las autoridades que ordenaron el despliegue de la fuerza pública[20]. El Pleno indicó que se trató de una situación en la que, una vez que se desató la violencia, ésta fue en ascendencia y no se hizo cesar; pero de nada permite establecer que la orden recibida por los operativos haya sido agredir a los manifestantes[21].
Lo que sí sostuvo el Pleno fue que, aun cuando la violencia no hubiese sido ordenada, ésta sí fue permitida y alentada y, en esa medida, autorizada. Particularmente, con el hecho de que una vez que se desató la violencia, con todo y la participación de mandos de control y con la supervisión que se hacía del operativo, nada se hizo para detenerla. Aunado a lo anterior, casi nada se investigó para castigar esas conductas abusivas después de cometidas[22].

María José Villalvazo G. Licenciada en Derecho por el ITAM. Oficial judicial de la Suprema Corte de Justicia adscrita a la ponencia del ministro Arturo Zaldívar. Twitter: @majiimajii



Derechos Indigenas


I Seminario Internacional Transformación de conflictos


Condiciones de equidad entre las partes son clave en procesos de mediación

Condiciones de equidad entre las partes son clave en procesos de mediación
(11-Sep-2012) El Director de la Organización  de Servicios y Asesorías para la Paz de México, David Bermúdez, participó este martes en el Seminario Internacional de “Mediación y Conciliación”, que llevó a cabo la Defensoría del Pueblo -a través de la Dirección General de Atención al Ciudadano- durante dos días, con una ponencia sobre la “Conflictividad social y los medios alternativos de resolución de conflictos desde la experiencia mexicana”.
En su presentación, Bermúdez destacó la importancia de brindar, durante los procesos de mediación, condiciones de equidad y equilibrio; así como garantizar el debido reconocimiento y legitimidad a cada una de las partes involucradas.
“Las partes tienen que poner en juego multiplicidad de recursos, y en este sentido, deben dárseles garantías de igualdad en el proceso, cuidar todas sus decisiones y cada uno de los procedimientos, porque en muchas ocasiones el diálogo no es sencillo e implica procesos de largo plazo”, explicó.
Asimismo, afirmó que deben conocerse con exactitud todos los detalles que conciernen a los involucrados: sus recursos, el objeto de disputa, la etapa de conflicto, las condiciones que le dieron origen y las posibilidades de salida; y finalmente deben vigilarse los procedimientos de seguimiento que se emplearán en todo el proceso.  
Por otra parte, el experto refirió que en México, durante la mediación en conflictos, suelen brindarse asesorías y procesos de formación para que los involucrados puedan consolidar argumentos y conocimientos. “También debe trabajarse en  la producción de confianza entre el mediador y las partes, es importantísimo que se cuente con el apoyo de los dos lados, y ello se genera con responsabilidad en el proceso, eso es esencial”, dijo.
Para finalizar su ponencia, Bermúdez citó algunas recomendaciones para los asistentes: los procesos de mediación deben asumirse con compromiso, debe haber participación de la sociedad civil, sujetos sociales, marcos jurídicos claros y mucha voluntad del Gobierno para realizar procesos de diálogos. Fin / Johanna Bozo

martes, 4 de septiembre de 2012

Jornada de Salud Consejo DDHH CARICUAO I

El Domingo 09-09-2012, a partir de lsa 9:00 am ,  se llevara a cabo en : Calle principal de Juan Gonzalez, Barrio el Onoto. Parroquia Caricuao.  Una Jornada de salud.  Contaremos con:

  1. Pediatria
  2. Oftalmologia
  3. Medicina general
  4. Optometria
  5. Censo para citologia en el Modulo Mamo Paez Pumar

Para mayor informacion:
Telefono: 0212-8335869

Direccion: Consejo para la Defensa de los DDHH Caricuao I.
Registro Civil de Caricuao, piso 1 al lado de la Oficina de Matrimonios.


Los y Las esperamos......

Seminario INTERNACIONAL

Seminario Internacional: Mediacion y Conciliacion Politica Nacional para la Prevencion Integral y Convivencia Solidaria.

10 y 11 de Septiembre 2.012
Lugar: CELARG   Altamira
Registro por:   http://www.defensoria.gob.ve/dp/index.php/seminario

CURSOS BASICOS DDHH en PETARE

A traves del Consejo para la Defensa de Derechos Humanos Jose Felix Ribas I, se realiza ciclo de cursos basicos en los espacios de la Oficina de Gestion Comunal y ambiental del Municipio Sucre, a voceras y voceros de los diferentes Consejos Comunales y a operarias y operarios del Plan de recoleccion de desechos solidos.

Todo esto con la finalidad de fortalecer la creacion de la Empresa de Propiedad social Directa y transferencia de servicio como lo es el de la basura.

Este curso basico consta de:  Poder Popular, Derechos humanos y vision critica, Lopnna, Ley de la mujer a una vida libre de violencia, detenciones arbitrarias, transformacion de conflictos, derecho a peticion, contraloria social y Ley de rago de tranferencia. 

Este jueves recibiran su cdertificado las 29 personas que participaron. Y proximamente daremos informacion para segundo ciclo y de aqui al Diplomado para el poder popular.

Todo esto vinculado con Escuela de Derechos Humanos, Fundacion Juan Vives Suria, Defensoria del Pueblo.

El  Ministerio del poder popular y de ambiente, apoyaran el nuevo ciclo con curso de conservacion y servicios y Metro de Caracas con el reordenamieto de Petare.-


Estamos en la transformacion Popular,.-