“A la misma podrán acudir todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que se encuentren en calidad de arrendatarios o en cualquier otra condición, cuyos derechos de alguna manera estén siendo vulnerados por parte del arrendador o propietario, como por ejemplo la suspensión arbitraria de los servicios públicos indispensables como agua o luz”.
La funcionaria agregó que “impedir el acceso a la vivienda mediante diversos artilugios es también otra acción que vulnera los derechos de las usuarias y usuarios, de los adultos mayores y en particular de los niños, niñas y adolescentes”.
Indicó que “a través de la mencionada receptoría se busca contribuir a que se garantice el derecho a la vivienda, y a erradicar toda forma de asedio inmobiliario”.
Finalmente, Figuera destacó que ante esta situación la Defensoría del Pueblo estará dispuesta a ejercer su competencia de mediación y conciliación, así como fungir de facilitador en la resolución de conflictos de esta naturaleza .