A raíz de ello, en octubre de 2014 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó una sentencia contra el alcalde, que lo obliga a utilizar todos los recursos materiales y humanos para recolectar los desechos en el municipio.
El mismo ordenamiento solicitaba a Ocariz informar en un lapso no mayor a veinte días, a partir de la publicación de ese fallo, que está acatando la orden emitida por el tribunal, pues de lo contrario incurriría en las responsabilidades previstas en el ordenamiento jurídico.
“Para nadie es un secreto que en el municipio venimos sufriendo irregularidades en los servicios públicos. En esta asamblea queremos pedir una sanción administrativa contra Ocariz por el incumplimiento de la sentencia que el Tribunal Supremo de Justicia realizó en octubre de 2014, en el que le exigía la recolección de desechos sólidos”, expresó Ingrid Sánchez, vocera del CPDDHH
Dijo que la denuncia también se extiende al resto de los servicios básicos como el agua, líquido que, tal como expresó, sólo reciben a través de las tuberías una vez al mes.
Ante ello, el defensor del Pueblo explicó que luego de recibir la totalidad de las propuestas y problemáticas que se presenten en la comunidad, se realizarán mesas de trabajo y luego estudiarán la posibilidad de sostener un encuentro con la autoridad municipal, a fin de obtener respuestas concretas para beneficio de esta populosa localidad mirandina.