domingo, 20 de febrero de 2011

Consejos de Derechos Humanos de Caracas concretan planes de acción para sus comunidades

Este sábado 19-02-2011, los Consejos para la Defensa de los Derechos Humanos del Área Metropolitana de Caracas  realizaron una jornada de planificación comunitaria, con el objetivo de construir colectivamente los planes de acción correspondientes al año 2011, así como priorizar las labores que desarrollarán estas instancias en la protección de los derechos y garantías constitucionales  de los ciudadanos y ciudadanas.

Con estas actividades, la Defensoría del Pueblo busca definir las actividades concretas que desarrollarán los Consejeros y Consejeras dentro de sus espacios comunitarios, a fin de seguir avanzando en la protección de los derechos humanos desde las realidades locales como lo vienen haciendo desde el año 2008.

Esta jornada de planificación ya se llevó a cabo en los estados Lara, Carabobo, Miranda, Vargas, Cojedes, Aragua, Anzoátegui y Sucre, donde las propias comunidades establecieron algunas prioridades para este año como: la formación y capacitación sobre las leyes del Poder Popular aprobadas en el mes de diciembre, incorporación de las comunidades en la discusión de los presupuestos participativos en los municipios, revisión de aquellas ordenanzas municipales que pudiesen vulnerar derechos humanos,  elaboración de iniciativas  legislativas y definición de la labor de los Comités de Derechos Humanos contemplados en la reforma de la Ley de los Consejos Comunales.

En este sentido, Enilsa Osorio, vocera del Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos del sector El Rosario de Las Minas de Baruta, señaló que estas actividades permiten orientar el trabajo con las comunidades para seguir avanzando en la conformación de un movimiento de derechos humanos, acompañando al Poder Popular en esta tarea.

Osorio precisó que este año tienen previsto realizar un proyecto de restructuración de las vías principales en su sector, así como seguir con las jornadas de educación en materia de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en procura de que este sector de la población conozca los mecanismos constitucionales y legales que les asisten.

Por su parte, Carlos José Tovar, vocero del Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos Caricuao I, refirió que elevarán ante los organismos públicos un proyecto en materia de vivienda para reubicar a un grupo de personas que se encuentran en alto riesgo en Caricuao, acompañando al Gobierno nacional en el compromiso que ha asumido en la garantía del derecho a una vivienda digna.

Asimismo, el vocero del Consejo de Derechos Humanos recordó que corresponde al Poder Popular contribuir con estos planes que ha anunciado el Presidente de la República para acelerar las soluciones para los vecinos y vecinas que lo necesiten.

 

miércoles, 16 de febrero de 2011

En el V aniversario del Proyecto de Formación Ciudadana y Rescate de Valores Defensora del Pueblo propone fortalecer esta experiencia en todo el país



  
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Durante la conmemoración del V aniversario del Proyecto de Formación Ciudadana y Rescate de Valores que promueve el Consejo Moral Republicano, la Defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez, propuso a la ministra del Poder Popular de Educación, Marian Hanson, relanzar este programa para fortalecer aun más esta experiencia en todo el país.

Como se recordará este programa de Formación Ciudadana y Rescate de Valores, concebido en el año 2005,  con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Educación busca preservar la ética y la moral en niños, niñas y adolescentes del sistema educativo nacional tanto público como privado, así como también en las comunidades organizadas e instituciones del Estado.

Es por ello, que Gabriela Ramírez manifestó la importancia de rescatar aquellos valores de amor a la Patria, a las virtudes cívicas y del espíritu  en una sociedad cuya urgencia al parecer es acceder a las cosas materiales. Insistió que el gran reto de este programa de formación ciudadana es “que seamos coherentes en la prédica y en la práctica de estos  valores por encima de los bienes materiales”.

La oportunidad fue propicia para agradecer  el  apoyo de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz y del Contralor General de la República Clodosbaldo Russián; en particular,  a los 38 educadores, promotores y multiplicadores, que han tenido la misión inestimable e invalorable de formar en valores ciudadanos a más de 15 mil 700 docentes en todo el territorio nacional.

Durante el acto aniversario del Proyecto de Formación Ciudadana y Rescate de Valores, la Defensora del Pueblo recibió una placa por su apoyo y perseverancia en mantener y divulgar este programa pedagógico.

Por su parte, el Contralor General de la República, Clodosbaldo Russián, actual Presidente del Consejo Moral Republicano recordó que el poder ciudadano es una expresión del poder moral que ideó el Libertador Simón Bolívar, el 15 de febrero de 1819 en Angostura.

Russián enfatizó que el Poder Ciudadano  “Es la rama del poder público nacional que debe velar por la enseñanza de los valores trascendentes de la república, ética y la moral que enrumban a una sociedad para sus mejores destinos”.

Entretanto, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz destacó el compromiso con la patria de promover actividades pedagógicas dirigidas  al conocimiento y estudio de la Constitución de la República y de los valores ciudadanos de libertad, justicia social, paz, tolerancia, lealtad y probidad de funcionarias y funcionarios públicos como de todas y todos los venezolanos. Igualmente, señaló que “la actividad del docente es la más importante del país y por ello enfatizó que se debe reivindicar al maestro”.
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viernes, 11 de febrero de 2011

Demanda contra Promotora Parque La Vega persigue favorecer a todas las familias del conjunto residencial

Defensoría del Pueblo realizó mesa interinstitucional
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La Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, dijo que existe la posibilidad de que la acción de amparo interpuesta ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)  por esta institución contra la Promotora Parque La Vega favorezca a todas las familias que adquirieron y que habitan en el Conjunto Parque Residencial Terrazas La Vega, y no sólo a las 150 familias que figuran en la demanda.

“Se introdujo una solicitud de amparo ante el TSJ que aspiramos sea respondida en los próximos días, en la que solicitamos a la constructora se comprometa a reubicar a estas familias en riesgo inminente”, explicó

Durante la realización de una mesa interinstitucional entre representantes del Ministerio del Ambiente, del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), de la Alcaldía de Caracas, del Ministerio Público, del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Venezuela (IDENA), así como propietarios del Conjunto Residencial Terrazas de la Vega y trabajadores del conjunto, la Defensora del Pueblo aclaró que la demanda interpuesta ante el máximo tribunal del país busca salvaguardar el derecho a la vida (actualmente amenazado) de las personas afectadas.

“Mientras persista la situación de riesgo los organismos competentes vamos a seguir trabajando apegados a lo que nos revelen los informes técnicos”, agregó.

El Instituto Municipal de Gestión de Riesgo y Administración de Desastres de la Alcaldía del Municipio Libertador recomendó, en un informe técnico de fecha 19 de enero de 2011, el desalojo y la reubicación de las familias afectadas de las edificaciones 9, 10, 11, 12 y 13 “de manera inmediata para salvaguardar la integridad física de los residentes”.  Así mismo, la Dirección Estadal Ambiental del Distrito Capital y Estado Vargas del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, en informe de fecha 22 de diciembre de 2010, concluyó que “todo el sector se encuentra en alto riesgo debido a que se ubica en una zona geomorfológicamente activa, caracterizada por derrumbes y deslizamientos del terreno”.

En relación con la providencia administrativa que fue dictada por el INDEPABIS el pasado mes de enero y que prohíbe a los propietarios enajenar y gravar sus inmuebles, Ramírez expresó que, al igual que la demanda interpuesta por la Defensoría del Pueblo, se trata de acciones legales que persiguen garantizar los derechos a la vivienda y a la vida de las familias afectadas, y evitar que el problema se transfiera a un tercero.

Interrogada sobre la posibilidad de ejercer acciones contra las autoridades locales que en su momento otorgaron permisos de habitabilidad del terreno sobre el cual fue erigido el conjunto residencial, Ramírez dijo que estas actuaciones pueden invocarlas los propios afectados.  Sin embargo, señaló que “es importante que exista un mayor grado de responsabilidad y de revisión de los permisos que se van a otorgar, sobre todo cuando se trata de la construcción de viviendas”.

miércoles, 9 de febrero de 2011

Defensoría del Pueblo solicitó declarar con lugar acción de amparo

Defensoría del Pueblo solicitó declarar con lugar acción de amparo
Sanción impuesta a adolescente por la U.E. CEAPUCV es inconstitucional    
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  (Prensa-Defensoría/ 9 de febrero de 2011) En audiencia celebrada en el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la Defensoría del Pueblo solicitó declarar con lugar la acción de amparo interpuesta por Marco Valerio Marcial en contra de la U.E. Centro Educativo Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (CEAPUCV), que decidió suspender indefinidamente de sus clases  a su hija adolescente por cambiarse el color de su cabello.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo sostuvo que se trata de una medida inconstitucional y, en consecuencia, solicitó al tribunal la reincorporación inmediata a sus actividades académicas de la adolescente de 14 años de edad, al considerar que la sanción impuesta por la U.E. CEAPUCV constituyó una violación del Derecho a la Educación consagrado en el artículo 102 de la Constitución de la República, así como una forma de discriminación violatoria del artículo 21 de la misma.

Así mismo, esta Institución Nacional de Derechos Humanos consideró que la cuestionada medida violenta el artículo 78 del texto constitucional, al desconocer el interés superior del niño, niña y adolescente, así como el derecho de esta adolescente al libre desenvolvimiento de su personalidad contemplado en el artículo 20 de la Constitución Bolivariana, “pues con la suspensión la U.E. CEAPUCV está asumiendo una conducta reñida en forma manifiesta con el interés de la adolescente y privilegiando de esa forma la intolerancia y discriminación”.

“Pintarse el cabello, si bien constituye un elemento diferente que distingue a esta  adolescente del resto de sus compañeros, no  representa una razón suficiente constitucionalmente para justificar un trato diferenciado por parte del plantel y del personal docente, , a los efectos de impedirle asistir a sus clases regulares”, agregó la Defensoría del Pueblo ante el tribunal.

Vale recordar que Marco Valerio Marcial consintió en diciembre pasado que su hija cambiara el color de su cabello, hecho que originó la suspensión de manera indefinida de la adolescente a partir del pasado 21 de enero, prohibiéndole la entrada a clases, hasta tanto modificara el color de su cabello.

Defensoría del Pueblo interpuso demanda contra Promotora Parque La Vega

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La acción persigue la reubicación de 150 familias en nuevas viviendas
Defensoría del Pueblo interpuso demanda contra Promotora Parque La Vega
alt  (Prensa-Defensoría/ 03 de febrero de 2011) La Defensoría del Pueblo interpuso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una demanda de protección de derechos e intereses colectivos contra la Promotora Parque La Vega, ante la vulneración de los derechos a la salud y a la vivienda de las familias que adquirieron y que habitan en el Conjunto Parque Residencial Terrazas La Vega (primera etapa).

En su acción, la Defensoría del Pueblo solicitó al TSJ decretar medidas cautelares, a fin de evitar que durante el proceso y antes de la sentencia definitiva, se concrete la vulneración del derecho a la vida (actualmente amenazado) y se agraven las lesiones al derecho a la salud y a una vivienda digna, contemplados en los artículos 82 y 83 de la Carta Magna o, en todo caso, se produzca una afectación irreparable que haga inútil la sentencia definitiva.

Entre las medidas cautelares solicitadas a la Sala Constitucional figuran ordenar a la Promotora Parque La Vega la reubicación de las 150 familias que habitan en los edificios 9, 10, 11, 12 y 13 del sector 3 de la primera etapa, en viviendas de la misma naturaleza y características, que garanticen a los afectados una calidad de vida similar a la que se ofertó y fue adquirida para el momento de la venta del inmueble.

Al respecto, fue solicitado un lapso máximo de 30 días continuos para que la Promotora Parque La Vega culmine el proceso de reubicación de las familias. “En el supuesto de finalizar el plazo señalado anteriormente o el que establezca esta Sala Constitucional sin que haya logrado reubicar a todas las familias, solicitamos que este Tribunal Supremo de Justicia ordene la reubicación inmediata de las referidas familias a cuenta y riesgo de la sociedad mercantil Promotora Parque La Vega, C. A.”, agrega la demanda.

De igual forma, se solicitó al TSJ ordene a la Promotora Parque La Vega la realización de los estudios técnicos necesarios para determinar el impacto y gravedad de los problemas del suelo en todo el Conjunto Parque Residencial Terrazas de La Vega, así como las posibles soluciones y el tiempo aproximado para su ejecución.

Igualmente, la Defensoría del Pueblo considera necesario se ordene a la constructora ejecutar las obras que determine el informe antes mencionado.

En alto riesgo

En la acción interpuesta se recoge la denuncia formulada por las familias que habitan en el Conjunto Parque Residencial Terrazas La Vega, quienes señalaron que la situación actual tiene su origen “en las irregularidades cometidas por la Promotora Parque La Vega al momento de la construcción del Conjunto Residencial, pues obvió edificar las obras de canalización y mitigación de riesgo, entre otras acciones que resultaban necesarias para garantizar la estabilidad y seguridad de las viviendas” y, de esta manera, evitar los deslizamientos y deslaves que se vienen presentando desde el año 2005.

Vale recordar que la Promotora Parque La Vega emprendió en el año 2005 la canalización del curso natural de agua bajo el cual se erigió el Conjunto residencial, resultando ineficaces las tareas ejecutadas, de acuerdo con informes técnicos.

Así las cosas, el Instituto Municipal de Gestión de Riesgo y Administración de Desastres de la Alcaldía del Municipio Libertador recomendó, en un informe técnico de fecha 19 de enero de 2011, el desalojo y la reubicación de las familias afectadas de las edificaciones 9, 10, 11, 12 y 13 “de manera inmediata para salvaguardar la integridad física de los residentes”.

Así mismo, la Dirección Estadal Ambiental del Distrito Capital y Estado Vargas del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, en informe de fecha 22 de diciembre de 2010, concluyó que “todo el sector se encuentra en alto riesgo debido a que se ubica en una zona geomorfológicamente activa, caracterizada por derrumbes y deslizamientos del terreno”.

En su rol de mediador, esta Institución Nacional de Derechos Humanos promovió durante el año pasado cuatro mesas de diálogo entre los afectados y representantes de la constructora para acordar una solución consensuada de la problemática planteada.

Amada Montesinos, vocera de las familias que habitan en el Conjunto Parque Residencial Terrazas La Vega, recordó que “empezamos esta lucha con la Promotora Parque La Vega exigiéndole que solventaran la situación, porque no era justo que cada vez que llovía nosotros teníamos que salir corriendo de los apartamentos e, incluso, se han perdido vehículos porque se inundan todos los estacionamientos, todo el sector de los 5 edificios se inundan y el agua corre por la avenida principal de la urbanización”.

“Nosotros empezamos a actuar legalmente sabiendo que nosotros tenemos derecho a la vivienda y derecho a la vida. Estamos en esta lucha porque no podemos permitir que se juegue con nuestra vida, la vida de nuestros hijos”, agregó Montesinos.

viernes, 4 de febrero de 2011

Solicitud

Se les recuerda a los consejer@s de los diferentes Consejos....enviar las fotos con reseña para su publicacion en el blog..........enviando la informacion al correo electronico: cpddhh@gmail.com o sanchezlugo_30@hotmail.com.............de tu efectividad .-depende la publicacion.-

Gracias

miércoles, 2 de febrero de 2011

INVITACIÓN CONVERSATORIO CON ULISES DAAL‏

INVITACIÓN CONVERSATORIO CON ULISES DAAL‏


Ex presidente de la Comision de participacion ciudadana desentralizada y desarrollo regional.  Co-redactor leyes: Poder popular, comunas y contraloria social.


Dia: 03 de febrero 2011

Hora. 10:oo am.

Direccion: Escuela de Derechos Humanos. 
Avenidad Universidad entre Esquinas de Monroy 
y Tracabordo. Edf. Orlando La candelaria 
 
 


Charley Omar Carvallo 
DEFENSORIA DEL PUEBLO 
ESCUELA DERECHOS HUMANOS 
CONTROL DE ESTUDIO 
TLF: 0212-577-46-10 Ext. 101 
ccarvallo@defensoria.gob.ve 
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"Trabajar por la educación y el respeto a los derechos 
 
humanos es una labor que nos une a todas y todos" 
 
 
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