| Defensoría del Pueblo realizó mesa interinstitucional |
La Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, dijo que existe la posibilidad de que la acción de amparo interpuesta ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por esta institución contra la Promotora Parque La Vega favorezca a todas las familias que adquirieron y que habitan en el Conjunto Parque Residencial Terrazas La Vega, y no sólo a las 150 familias que figuran en la demanda.
“Se introdujo una solicitud de amparo ante el TSJ que aspiramos sea respondida en los próximos días, en la que solicitamos a la constructora se comprometa a reubicar a estas familias en riesgo inminente”, explicó
Durante la realización de una mesa interinstitucional entre representantes del Ministerio del Ambiente, del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), de la Alcaldía de Caracas, del Ministerio Público, del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Venezuela (IDENA), así como propietarios del Conjunto Residencial Terrazas de la Vega y trabajadores del conjunto, la Defensora del Pueblo aclaró que la demanda interpuesta ante el máximo tribunal del país busca salvaguardar el derecho a la vida (actualmente amenazado) de las personas afectadas.
“Mientras persista la situación de riesgo los organismos competentes vamos a seguir trabajando apegados a lo que nos revelen los informes técnicos”, agregó.
El Instituto Municipal de Gestión de Riesgo y Administración de Desastres de la Alcaldía del Municipio Libertador recomendó, en un informe técnico de fecha 19 de enero de 2011, el desalojo y la reubicación de las familias afectadas de las edificaciones 9, 10, 11, 12 y 13 “de manera inmediata para salvaguardar la integridad física de los residentes”. Así mismo, la Dirección Estadal Ambiental del Distrito Capital y Estado Vargas del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, en informe de fecha 22 de diciembre de 2010, concluyó que “todo el sector se encuentra en alto riesgo debido a que se ubica en una zona geomorfológicamente activa, caracterizada por derrumbes y deslizamientos del terreno”.
En relación con la providencia administrativa que fue dictada por el INDEPABIS el pasado mes de enero y que prohíbe a los propietarios enajenar y gravar sus inmuebles, Ramírez expresó que, al igual que la demanda interpuesta por la Defensoría del Pueblo, se trata de acciones legales que persiguen garantizar los derechos a la vivienda y a la vida de las familias afectadas, y evitar que el problema se transfiera a un tercero.
Interrogada sobre la posibilidad de ejercer acciones contra las autoridades locales que en su momento otorgaron permisos de habitabilidad del terreno sobre el cual fue erigido el conjunto residencial, Ramírez dijo que estas actuaciones pueden invocarlas los propios afectados. Sin embargo, señaló que “es importante que exista un mayor grado de responsabilidad y de revisión de los permisos que se van a otorgar, sobre todo cuando se trata de la construcción de viviendas”.
“Se introdujo una solicitud de amparo ante el TSJ que aspiramos sea respondida en los próximos días, en la que solicitamos a la constructora se comprometa a reubicar a estas familias en riesgo inminente”, explicó
Durante la realización de una mesa interinstitucional entre representantes del Ministerio del Ambiente, del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), de la Alcaldía de Caracas, del Ministerio Público, del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Venezuela (IDENA), así como propietarios del Conjunto Residencial Terrazas de la Vega y trabajadores del conjunto, la Defensora del Pueblo aclaró que la demanda interpuesta ante el máximo tribunal del país busca salvaguardar el derecho a la vida (actualmente amenazado) de las personas afectadas.
“Mientras persista la situación de riesgo los organismos competentes vamos a seguir trabajando apegados a lo que nos revelen los informes técnicos”, agregó.
El Instituto Municipal de Gestión de Riesgo y Administración de Desastres de la Alcaldía del Municipio Libertador recomendó, en un informe técnico de fecha 19 de enero de 2011, el desalojo y la reubicación de las familias afectadas de las edificaciones 9, 10, 11, 12 y 13 “de manera inmediata para salvaguardar la integridad física de los residentes”. Así mismo, la Dirección Estadal Ambiental del Distrito Capital y Estado Vargas del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, en informe de fecha 22 de diciembre de 2010, concluyó que “todo el sector se encuentra en alto riesgo debido a que se ubica en una zona geomorfológicamente activa, caracterizada por derrumbes y deslizamientos del terreno”.
En relación con la providencia administrativa que fue dictada por el INDEPABIS el pasado mes de enero y que prohíbe a los propietarios enajenar y gravar sus inmuebles, Ramírez expresó que, al igual que la demanda interpuesta por la Defensoría del Pueblo, se trata de acciones legales que persiguen garantizar los derechos a la vivienda y a la vida de las familias afectadas, y evitar que el problema se transfiera a un tercero.
Interrogada sobre la posibilidad de ejercer acciones contra las autoridades locales que en su momento otorgaron permisos de habitabilidad del terreno sobre el cual fue erigido el conjunto residencial, Ramírez dijo que estas actuaciones pueden invocarlas los propios afectados. Sin embargo, señaló que “es importante que exista un mayor grado de responsabilidad y de revisión de los permisos que se van a otorgar, sobre todo cuando se trata de la construcción de viviendas”.
