Por: Gustavo Gallón
Una importante
conferencia Nacional de Derechos Humanos se celebró en Bogotá entre el 10 y el
12 de diciembre, precedida por foros realizados en 25 departamentos.
Más de trece mil personas pertenecientes a ocho mil organizaciones
participaron en las 26 reuniones. Su diagnóstico sobre la situación de derechos
humanos en el país es desgarrador y su coincidencia es estremecedora: "El
problema de la desaparición forzada [dice, por ejemplo, el informe final] sigue
estando presente en las problemáticas de casi todos los departamentos. Pero no
sólo se identifica su presencia, sino un aumento preocupante en las cifras y la
frecuencia de ocurrencia. (…) Frecuentemente, las desapariciones se transforman
en homicidios caracterizados por actos de tortura; (…) la comunidad hace
énfasis en el pobre funcionamiento del Sistema de Alertas Tempranas. En general
se percibe la insuficiencia en la promoción y difusión de los derechos humanos".
Observaciones similares se expresaron
en relación con los siete grandes temas abordados en los foros y en la
Conferencia: derecho a la vida, libertad, integridad y seguridad personales;
derecho a la igualdad y no discriminación; derecho internacional humanitario y
conflicto armado; acceso a la justicia y lucha contra la impunidad y la
corrupción; cultura y educación en derechos humanos y paz; derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales; y derechos de las víctimas. Las mismas
preocupaciones fueron puestas en común, junto con sus causas y propuestas de
solución, por habitantes de todos los rincones del territorio, en su mayoría
gente humilde: campesinos, trabajadores, desempleados, desplazados,
indígenas, afro colombian@s muchas mujeres, población LGBTI,
jóvenes, personas con discapacidad, defensores de derechos humanos, y unos 670
funcionarios públicos. Con algunos de estos últimos no siempre hubo consenso,
por lo cual a veces en el informe se lee que "los representantes de la
Fuerza Pública reportan no tener conocimiento de casos de vulneracion de
los derechos humanos por parte de sus miembros". Aparte de salvedades casi
naturales, como esa, el dictamen es prácticamente unánime y totalmente
espontáneo (véase www.derechoshumanoscolombia.com).
El mérito de este logro se debe
además a la Vicepresidencia, que lanzó la convocatoria a finales de 2010, a
importantes organizaciones sociales y de derechos humanos (aunque no todas) y
algunos sectores empresariales, al igual que a Naciones Unidas y a valiosos
apoyos de embajadas. Es este, pues, un proceso tripartito (Gobierno, sociedad
civil, comunidad internacional) orientado a propiciar una política pública en
derechos humanos. El esfuerzo no ha concluido: falta realizar foros en los
siete departamentos restantes este año, retroalimentar los avances
departamentales del año pasado y convertir esto propiamente en una política
pública.
Para ello se requiere una mayor
involucración del Gobierno en pleno, con la jefatura del Estado a la cabeza; y
de la sociedad civil, con una participación más nutrida del movimiento de
derechos humanos en su conjunto. Lo obtenido hasta el momento tiene un vigor
social sin parangón en la historia del país. Vale la pena que esta vez no se
desperdicie.
* Director de la Comisión
Colombiana de Juristas.
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