Prensa – Defensoría / (20-09-2011) /La Defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez, reiteró que la Institución que representa se encuentra a la espera de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, sobre el caso del dirigente Leopoldo López.
La información la dio a conocer en el marco de un foro organizado por la Defensoría sobre la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que afirmó que este caso se trata de una inhabilitación de tipo administrativa, y no política como está siendo catalogada.
“Nosotros ya tenemos una jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional del TSJ, es una sentencia precedente donde se involucraba la jurisdicción internacional, en procesos internos nacionales. Ahora, esta misma Sala, es la que debe decidir si se levanta la sanción o no. Nosotros, como todos, vamos a esperar un pronunciamiento del Tribunal Supremo”, señaló.
Aunado a esto, la Defensora reiteró que la decisión de la CIDH beneficia intereses particulares, dejando de lado los intereses de la mayoría. Esto además de que contraviene con los acuerdos internacionales contra la corrupción, suscritos por el Estado venezolano.
“Nuestros sistema de derechos humanos interno está mucho más avanzado que el de la Convención, que en este momento está respondiendo a un interés individual, desconociendo el derecho de todos los pueblos a disponer de gobernantes honestos, apegados al respeto del erario público”, apuntó.
Con respecto al Taller organizado, dirigido al Poder Popular, los activistas comunitarios y los integrantes de los Consejos Comunales, Ramírez enfatizó que el objetivo es mantener a los ciudadanos y ciudadanas informadas con respecto al caso y formados en materia de derechos humanos.
El Agente del Estado para los DDHH ante el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, Germán Saltrón, quien participó en el Foro aseguró que “el fallo de la CIDH justifica la corrupción en el país y en el continente, porque no se tomó en cuenta la jurisprudencia de la Comisión Interamericana contra la Corrupción”.
Por su parte, Luz Patricia Mejía, miembro de la Comisión Interamericana de DDHH, ponente del Taller reiteró que la inhabilitación de López no es de tipo política. Dijo que en este caso se le restringe para postularse a cargos de elección popular y manejar fondos de la Nación, en vista de las sanciones impuestas por la Contraloría General de la República.
“La primera sanción fue en 1998, cuando López se desempeñaba como funcionario de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y recibió una donación por parte de su madre –también funcionaria pública- para financiar a Primero Justicia, una ONG que dirigía. El segundo hecho se produjo cuando el dirigente ejercía funciones como alcalde de Chacao en 2002, ocasión en la que declaró no tener fondos que debía dirigir a otras entidades, y los utilizó para otros fines”, indicó.
