(03-May-2013) La Fundación Juan
Vives Suriá -adscrita a la Defensoría del Pueblo (DdP)- organizó el
foro: La violencia post-electoral, análisis de los derechos humanos, el
cual contó con la participación de organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos (ONG,s), docentes, activistas y estudiosos de la
materia, evento efectuado en las instalaciones del Museo Boliviano, en
la ciudad de Caracas.
Wendy Torres, directora de la Fundación
Juan Vives Suriá, fue la encargada de dar la bienvenida a los presentes,
evento que contó con panelistas formados bajo una visión crítica de los
derechos humanos quienes analizaron -bajo su óptica- lo ocurrido en el
país luego de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales
del 14 de abril.
Larry Devoe, director General de
Servicios Jurídicos de la DdP, explicó que la idea es debatir el impacto
que en el tema de los derechos humanos tienen los acontecimientos de
violencia que se generaron luego del desconocimiento de los resultados
electorales y que afectaron negativamente a centros asistenciales,
residencias de políticos o representantes de los poderes públicos del
país y el asesinato de personas por defender una posición política
determinada.
Devoe, es partidario de la tesis de que
la responsabilidad de los derechos fundamentales no es exclusiva del
Estado, pues también los particulares pueden generar situaciones que los
afecten cómo ha sido reconocido incluso por la Organización de Estados
Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través
de convenciones y pronunciamientos, entre otros.
A su juicio, algunas ONG,s han
invisibilizado lo ocurrido, cuya estrategia cambio al tratar de
desmentir los hechos de violencia que ocurrieron para posteriormente
minimizar el impacto de estos acontecimientos refiriendo que “esos
serían asuntos sin ninguna significación y no violaciones a los derechos
humanos”, afirmó.
Por su parte, el historiador y sociólogo
Vladimir Acosta, explicó que “usualmente” se considera y es la norma
que impera en todos los organismos internacionales de que los
principales violadores de los DDHH son los Estados. No obstante, cree
que se subestima el papel de la sociedad civil en la que predominan
prácticas racistas, xenofóbicas y un clasismo abierto que a su juicio es
una la vulneración sistemática de los derechos humanos que no deben ser
atribuibles al Gobierno nacional sino a sectores de la oposición.
Responsabilizó a los medios de
comunicación privados, nacionales e internacionales y a la dirigencia
política –opositora- de alimentar el odio hacia ciertas capas sociales
“y se convierte en un caldo de cultivo para el racismo político y
provocar disturbios”, dijo.
Entretanto, Maryluz Guillén, docente e
investigadora de la Escuela de Derechos Humanos de la Fundación Juan
Vives Suriá, en representación de los colegas de la institución
cuestionaron la visión liberal de los DDHH por parte de algunas ONG,s.
“Las organizaciones de derechos humanos articuladas en torno al Foro por
la Vida han presentado denuncias públicas, descontextualizadas,
abandonando, por un lado, su rol como altavoces de las denuncias sobre
los riesgos que corrieron los derechos sociales del pueblo venezolano
por la acción vandálica de grupos exaltados, y por otro lado, su
compromiso como mediadores en situaciones de conflicto como las que
sucedieron los días posteriores al 14-A.”.
La docente, lamentó la invisibilización
del clima de violencia generado por los medios y redes sociales que
amplificaron el llamado hecho por el ex-candidato Capriles Radonski.
Reconoció que gracias a la Revolución Bolivariana, liderada por el
presidente Hugo Chávez Frías, se ha constituido un espacio para el
avance sistemático y progresivo de los derechos con énfasis en el ámbito
en lo social.
La actividad culminó con la lectura de
otro manifiesto, esta vez, por parte de varias ONG,s y de organizaciones
del Poder Popular de DDHH como la Fundación Latinoamericana por los
Derechos Humanos y el Desarrollo Social, Fundalatin, la Araña Feminista,
Organización Embajada de los Derechos Humanos, Organización de
Estudiantes Alumnos para los Alumnos (APLA) y del movimiento Cimarrón,
la Mesa de Telecomunicaciones La Pastora, en el que rechazan los hechos
de violencia, el llamado que hacen algunos medios de comunicación a la
desobediencia y al desconocimiento a la institucionalidad.
Fernando Bello, de la Organización
Embajada de los Derechos Humanos, argumentó que no comparten lo dicho
por otras ONG.s. A su juicio, son pronunciamientos mezquinos al
desconocer violaciones a los ddhh por intereses políticos particulares y
de mantener su “status quo”, por parte de entes que ejercen poder y los
mantienen económicamente, lo cual atenta contra la naturaleza de las
organizaciones de defensa de la dignidad e integridad física y la vida
de todas las personas que habitan en el territorio venezolano. Fin / Mirella Malpica
