Nuevamente un conjunto de hogares venezolanos se visten de luto por
el asesinato de familiares que, siguiendo sus convicciones políticas, fueron
víctimas de hechos violentos en ocasión de los resultados de las elecciones
presidenciales del 14 de Abril de 2013, las cuales dieron como ganador al
Presidente Nicolás Maduro Moros y que la oposición política liderada por
Henrique Capriles Radonski se niega a reconocer. Un número relevante de heridos
también es resultado nefasto de estos hechos.
En la actualidad, en los ámbitos intelectuales y militantes, los
derechos humanos son considerados como productos sociales, culturales y
políticos, que tienen una diversidad de interpretaciones. La visión dominante
hasta ahora ha sido la liberal, que limita los derechos a libertades y normas,
centra la vigilancia en las responsabilidades estatales y tiene una atención
preferencial a procedimientos que permiten a las víctimas recurrir ante
mecanismos internacionales, que no por casualidad, responden a intereses
imperiales que en estos últimos catorce años han tenido como objetivo político
deslegitimar el proceso de cambios sociales venezolano.
Algunas organizaciones de derechos humanos reunidas en el Foro por
la Vida, han presentado denuncias públicas donde se sitúan como víctimas y
colocan a los derechos en una posición “neutral” desde donde favorecen a los
sectores de poder, justificando su actuación y colocándose al servicio de los
grupos más extremos que buscan acceder al poder del Estado violentando las
instituciones y los métodos democráticos. Los derechos humanos no son
neutrales, expresan los intereses de quienes hacen uso de ellos al
servicio del poder, estos derechos así concebidos encubren el orden de las
elites facilitándoles un discurso “políticamente correcto”, bajo el cual
intentan presentarse como “los buenos” y alcanzar legitimidad nacional e
internacional, manipulando a la opinión pública.
Entendemos que los derechos humanos expresan el objetivo de “vivir
en dignidad”, expresión que recoge las expectativas de vida buena de múltiples
sectores sociales, cuyas luchas históricas han abierto, progresivamente, el
acceso a los bienes (materiales y espirituales) entendidos como derechos,
mediante normas, instituciones y políticas públicas. Reconocemos que la
Revolución Bolivariana, liderada durante más de una década por el Compañero
Presidente Hugo Chávez Frías, ha constituido un espacio para el avance
sistemático y progresivo de los derechos humanos en Venezuela, con énfasis en
el ámbito de los derechos sociales.
Nuestro trabajo como docentes-militantes en
derechos humanos constituye una acción política que va más allá del marco
procedimental e institucional y se asume como plataforma para acompañar luchas
y recrear formas de convivencia social que amplíen los horizontes de la
dignidad humana de las mayorías históricamente excluidas. En este, sentido,
presentamos a continuación una serie de razones que elaboramos como aporte a la
reflexión pública ante los lamentables hechos ocurridos en Venezuela entre el
15 y 18 de abril y para ampliar la comprensión social de la realidad política y
del rol de los derechos humanos en una sociedad como la venezolana.
1.- Consideramos que en el marco de la Revolución Bolivariana, las
misiones sociales han significado el acceso a derechos sociales como salud,
alimentación y vivienda, solo por nombrar algunos, los cuales habían sido
históricamente negados a las mayorías empobrecidas en Venezuela. En su
totalidad y diversidad constituyen el transcendental legado del Compañero
Presidente Hugo Chávez Frías en materia de derechos humanos. Colocar en riesgo
estos logros se traduce en una violación a los derechos humanos de las y los
venezolanos porque atenta contra el núcleo de garantías que hacen posible que
nuestro pueblo pueda vivir en dignidad.
2.- La visión hegemónica liberal de derechos humanos es
“Estadocéntrica”, pues concibe al Estado como único violador de dichos
derechos. Desde la perspectiva crítica que asumimos se considera que las
organizaciones e instituciones con fines políticos, económicos y mercantiles,
tanto de cobertura nacional como internacional, que concentran suficiente poder
para competir con el Estado y sus instituciones en la planificación,
producción, organización y distribución de bienes, pueden afectar negativamente
el bienestar social de las poblaciones nacionales, por lo que son susceptibles
de que sus acciones se consideren delitos que pudieran ser calificados
como violaciones a derechos humanos. En este sentido, la utilización de parte
del Sr. Capriles Radonski de los medios de comunicación masivos para difundir
su mensaje de desacato al boletín emitido por el órgano rector electoral
nacional (CNE) y para convocar a sus seguidores a manifestar en la calle su
descontento, con un saldo lamentable de nueve (9) personas asesinadas, decenas
de heridos y bienes públicos dañados, constituye un caso que ilustra convincentemente
como otras organizaciones e instituciones
de poder distintas al Estado pueden afectar gravemente la convivencia social.
3.- Las organizaciones de derechos humanos articuladas en torno al
Foro por la Vida han presentado denuncias públicas donde presentan los hechos
descontextualizados, abandonando, por un lado, su rol como altavoces de las
denuncias sobre los riesgos que corrieron los derechos sociales por la acción
vandálica de grupos exaltados, y por otro lado, su compromiso como mediadores
en situaciones de conflicto. Más lamentable aún, fue su actuación al
invisibilizar los asesinatos de venezolanas y venezolanos ocurridos entre el 15
y 16 de abril. Luego del reclamo hecho por voceros del gobierno nacional ante
su parcializada actitud, estas ONG se sitúan como víctimas de “persecución” y
esgrimen argumentos propios de una organización política, colocándose
claramente a favor de los sectores de poder que durante décadas han alimentado
el sistema burgués de dominación que es la causa incontestable de las
violaciones a derechos humanos en Venezuela. Nos referimos a los dueños del
capital, de los medios masivos de comunicación, a empresarios y líderes
políticos de derecha.
4.- No es casualidad que las víctimas de los hechos violentos sean
personas de sectores populares identificadas como chavistas y que sus atacantes
sean personas que reaccionaron al llamado del líder de un partido político
surgido de la clase media y cuyo componente racista está a la vista. No es un
secreto que la discriminación por color de piel y extracción social está ampliamente
registrada entre las características del modelo social que heredamos del
período colonial y que se consolidó en Venezuela con la democracia
representativa de la Cuarta República. Lo más grave es que estos sectores que
han sido desplazados de las esferas del poder, han asumido una actitud fascista
e intentan presentar la violencia política contra los pobres como un hecho
inexistente y estas ONG de derechos humanos, en connivencia con los medios de
comunicación privados, han prestado su prestigio y la confianza que les han
otorgado el pueblo y el Estado venezolano para tan deshumanizada operación. Contrariando
inclusive sus prácticas pasadas, estas organizaciones han invisibilizado a las
víctimas directas de la violencia generada, reemplazándolas mediáticamente a
través de su propia victimización, y en
tanto, atribuyéndose el protagonismo en esta coyuntura postelectoral.
5.- Estas organizaciones, se hacen eco de interpretaciones
conservadoras en ámbitos como el del derecho a la vida y el derecho a la
manifestación pacífica, que no son derechos absolutos y que tienen
interpretaciones más amplias. Para ellas el único problema relevante fue que el
Estado violó el derecho a la manifestación por no permitir que el candidato
opositor continuara con sus planes desestabilizadores convocando a una
manifestación masiva en Caracas. Desde la perspectiva crítica es fundamental un
análisis histórico y de contexto para la aproximación a los hechos, en este
caso la historia reciente (golpe de abril 2002) aconsejaba no autorizar la
marcha convocada por Capriles Radonski al CNE, porque había que prevenir la
repetición del escenario de violencia y sangre que justificó aquel Golpe de
Estado.
6.- Las organizaciones del Foro por la Vida, reproducen el enfoque
liberal de derechos y se colocan del lado de los opresores cuando se limitan a
cuestionar las instituciones del Estado, particularmente el árbitro electoral
(CNE), un poder autónomo que cuenta con una gran legitimidad internacional y
único con la capacidad se mediar en un contexto electoral de vital
significación para la vida republicana, ¿No saben estas ONG que con su actitud
menoscaban la base institucional que contiene y puede canalizar la violencia de
origen político?. De este modo, promueven el debilitamiento de las
instancias políticas nacionales de resolución de conflictos, optando por
propiciar la acción interventora de instancias internacionales.
7.- Estas organizaciones de derechos, invisibilizaron el clima de
violencia generado por los medios y redes sociales que amplificaron el llamado
a “descargar la arrechera” hecho por el candidato Capriles Radonski. Incluso
desde la perspectiva liberal, la apología a la violencia es un límite a
derechos como los de libertad de expresión, de participación y manifestación.
En esta situación quedó demostrado cómo pueden generarse elevados niveles de
violencia mediante la manipulación de información a través de las redes
sociales y los medios de comunicación, maniobra que contribuye a crear un
estado de angustia y desasosiego en la sociedad que no se corresponde con la
realidad. Estas son tácticas de guerra psicológica utilizadas para amedrentar y
desmovilizar al pueblo frente a las acciones vandálicas que estimularon las
cuales incluso en una situación de guerra violan el derecho al resguardo de las
instituciones civiles, especialmente los centros de salud. ¿Por qué las
organizaciones de derechos humanos articuladas en el Foro por la Vida
guardaron silencio ante esta manipulación? Este silencio es cómplice de nuevas
formas de intervención extranjera que los imperios han implementado en el mundo
y no dudamos que quieran implementar en Venezuela. La historia mundial del
Siglo XX reseña con dolor el caso Ruanda y otros similares de manejo mediático
para generar fascismo social y el enfrentamiento de pueblo contra pueblo. Nos
muestra cómo las “Revoluciones de Colores”, fueron liderizadas por
“estudiantes” financiados y apoyados desde el extranjero. No puede ocultar esta
historia las operaciones de Estados Unidos y sus aliados de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para armar, entrenar
y financiar a grupos mercenarios infiltrados en la “población democrática
opositora” en Libia y en Siria, para derrocar violentamente a gobiernos
antimperialistas. Grupos armados que son convertidos después por el cartel de
medios de difusión masiva del imperio en ejércitos “rebeldes” que defienden la
“democracia”, la “libertad” y los “derechos humanos” y que luego de ser
utilizados para generar una guerra civil fomentada por campañas mediáticas,
“abren la puerta y sirven la mesa” para que los ejércitos de las potencias
militaristas euronorteamericanas intervengan bajo el disfraz de “invasiones
humanitarias”, violando flagrante e impunemente los derechos a la soberanía y
autodeterminación de los pueblos.
9.- Como docentes y militantes de los derechos humanos, reconocemos
que si bien el Estado venezolano tiene unas responsabilidades, con pautas
claras en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, también hay
sectores que han colocado los derechos en riesgo al desconocer la
institucionalidad establecida. En otros términos estas organizaciones de
derechos humanos al centrar su discurso exclusivamente en el Estado,
invisibilizan la acción pública de los sectores políticos que han promovido los
recientes hechos de violencia.
La perspectiva crítica de los derechos humanos, que asumimos como
activistas y docentes, está al servicio del desmontaje y la denuncia de las
prácticas del Sistema Mundo Capitalista/Colonial/Patriarcal y Racista en el que
vivimos y que atenta contra la dignidad humana por múltiples vías. Desde esta
perspectiva buscamos develar los discursos y practicas liberales de derechos
humanos, visibilizando que son parte de la estructura político-cultural al
servicio de los grupos dominantes y de los sectores que siempre han gozado de
privilegios limitando los derechos de las grandes mayorías.
Los derechos humanos concebidos y reforzados institucionalmente por
la burguesía, están al servicio de las prácticas de regulación social,
favoreciendo a los intereses y actores dominantes del sistema capitalista
organizado en función de las lógicas de acumulación y consumo. La versión
convencional y hegemónica de los derechos humanos neutraliza los contenidos
emancipatorios de dichos derechos, limitando sus alcances como productos
sociohistóricos que expresan transferencia de poder. Así, los derechos humanos
liberales hacen parte de la globalización neoliberal, bajo la cual seguimos
teniendo derechos en términos abstractos, incorpóreos, mientras se niega, viola
o mercantiliza la dignidad humana en la realidad social, concreta, que viven
millones de seres humanos. Nuestra apuesta como docentes y militantes en
derechos humanos es a favor de otra teoría/perspectiva de los dichos derechos,
que se construye desde la mirada de las y los explotados y excluidos, que
busca enriquecer sus interpretaciones de la realidad y coloca a su servicio
herramientas jurídicas y políticas destinadas a potenciar el horizonte de sus
luchas
Apostamos por la repolitización de la sociedad venezolana y la
recuperación del interés por lo público, el deber de ocuparnos por lo que es de
todas y todos. Convocamos a participar activamente en la construcción del
bienestar colectivo, retando los valores individualistas, liberales, que guían
el modelo capitalista. Convocamos al quehacer social y colectivo de reivindicar
los derechos, a ampliar la “potencia” y la “capacidad” que tienen las personas
de actuar en el mundo para transformarlo.
Firmamos: Maryluz Guillén Rodríguez C.I.V-11.557.841; Gregorio Pérez
Almeida C.I.V-637.307; Albis Eduardo Mayora Pernía C.I.V- 12.716.230; Héctor
Gutiérrez C.I.V-6.976.989; Fanny Cubillan C.I.V-5.796.546; Ingrid Sánchez Lugo
C.I.V- 9.064.839; Fernando Javier Bello Salas C.I.V-13.983.879; Erick Gutiérrez
C.I.V- 6.976.990;
