Defensoría del Pueblo inició este lunes la formación del Poder Popular en materia de derechos humanos (DDHH), con el fin de que el pueblo maneje todos los conceptos sobre este tema y pueda defenderse ante un hecho determinado.
En la Fundación Juan Vives Suriá, en La Candelaria, Caracas, donde se desarrolla esta actividad, la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, explicó que esta Escuela de Derechos Humanos fue creada con el propósito de desmantelar esa "visión liberal, reduccionista e individualista de los DDHH que tanto condena al país".
"Nuestra visión no es formar a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo sino más bien instalar una cultura de DDHH fidedigna, tal como lo recoge nuestra Constitución, y que sean las propias comunidades las que estén en la capacidad y en la competencia de defender sus derechos", expresó Ramírez en un contacto con Venezolana de Televisión.
Señaló que en esta escuela participan comunidades de Antímano, La Vega, Caricuao, Macarao, José Félix Ribas de Petare, El Rosario de las Minas de Baruta, Lomas de Urdaneta, entre otras.
Ramírez comentó asimismo que los asistentes a esta escuela son trabajadores sociales, activistas comunitarios y consejeros comunales, quienes ya han realizado denuncias contra algunas autoridades estatales por violaciones a sus derechos.
Mencionó el caso contra el gobernador del estado Lara, Henri Falcón, por la vulneración y la amenaza sobre el derecho al agua, que pretendía ser cortada para sustituirse por sisternas. Sin embargo, la comunidad introdujo un recurso ante el poder judicial y se inició un proceso.
También en el estado Zulia hay un grupo de personas organizándose para la defensa de sus derechos.
La defensora Ramírez informó que este proceso de pre-inscripción ante la Escuela de Derechos Humanos será hasta el 15 de noviembre.
Agregó que estas clases las imparten en las propias comunidades de 12 estados del país, entre los cuales mencionó Táchira, Mérida, Trujillo, Apure, Portuguesa y Guárico, así como el Distrito Capital.
"Nos trasladamos a los sitios más recónditos, el próximo año (2012) vamos a estar en la comunidad Caño de Uña, en el estado Amazonas, y también en Nueva Esparta, es decir nuestra escuela no es sólo de salón", indicó.
En este diplomado del Poder Popular exigen como requisito, para que la persona pueda graduarse, presentar un proyecto de transformación comunitaria.
"Nosotros estamos acompañando al Ejecutivo Nacional desde la perspectiva de derechos humanos y solicitamos que la persona egrese con un proyecto en la mano y que realmente pueda consolidarse con la ejecución de éste", comentó Ramírez.
Informó igualmente que realizaron una alianza con la Contraloría General de la República para formar al contralor y la contralora comunitaria. "A partir de la nueva Ley Anticorrupción, las personas que forman parte de los consejos comunales podrán tener una administración transparente y clara de cómo están invirtiendo los recursos entre sus comunidades".
En la Fundación Juan Vives Suriá, en La Candelaria, Caracas, donde se desarrolla esta actividad, la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, explicó que esta Escuela de Derechos Humanos fue creada con el propósito de desmantelar esa "visión liberal, reduccionista e individualista de los DDHH que tanto condena al país".
"Nuestra visión no es formar a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo sino más bien instalar una cultura de DDHH fidedigna, tal como lo recoge nuestra Constitución, y que sean las propias comunidades las que estén en la capacidad y en la competencia de defender sus derechos", expresó Ramírez en un contacto con Venezolana de Televisión.
Señaló que en esta escuela participan comunidades de Antímano, La Vega, Caricuao, Macarao, José Félix Ribas de Petare, El Rosario de las Minas de Baruta, Lomas de Urdaneta, entre otras.
Ramírez comentó asimismo que los asistentes a esta escuela son trabajadores sociales, activistas comunitarios y consejeros comunales, quienes ya han realizado denuncias contra algunas autoridades estatales por violaciones a sus derechos.
Mencionó el caso contra el gobernador del estado Lara, Henri Falcón, por la vulneración y la amenaza sobre el derecho al agua, que pretendía ser cortada para sustituirse por sisternas. Sin embargo, la comunidad introdujo un recurso ante el poder judicial y se inició un proceso.
También en el estado Zulia hay un grupo de personas organizándose para la defensa de sus derechos.
La defensora Ramírez informó que este proceso de pre-inscripción ante la Escuela de Derechos Humanos será hasta el 15 de noviembre.
Agregó que estas clases las imparten en las propias comunidades de 12 estados del país, entre los cuales mencionó Táchira, Mérida, Trujillo, Apure, Portuguesa y Guárico, así como el Distrito Capital.
"Nos trasladamos a los sitios más recónditos, el próximo año (2012) vamos a estar en la comunidad Caño de Uña, en el estado Amazonas, y también en Nueva Esparta, es decir nuestra escuela no es sólo de salón", indicó.
En este diplomado del Poder Popular exigen como requisito, para que la persona pueda graduarse, presentar un proyecto de transformación comunitaria.
"Nosotros estamos acompañando al Ejecutivo Nacional desde la perspectiva de derechos humanos y solicitamos que la persona egrese con un proyecto en la mano y que realmente pueda consolidarse con la ejecución de éste", comentó Ramírez.
Informó igualmente que realizaron una alianza con la Contraloría General de la República para formar al contralor y la contralora comunitaria. "A partir de la nueva Ley Anticorrupción, las personas que forman parte de los consejos comunales podrán tener una administración transparente y clara de cómo están invirtiendo los recursos entre sus comunidades".
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