Después de escuchar a los representantes del tren ministerial, la Asamblea Nacional recibió ayer a la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, quien relató que los cuerpos de policías estadales y municipales son responsables de 66,1% de "las privaciones arbitrarias de la vida".
"Debemos señalar como una preocupación que las policías estadales albergan 43,3% de estas vulneraciones, las municipales 22,8%, y el resto las demás policías", detalló.
Durante la presentación de la memoria y cuenta de su despacho, Ramírez manifestó además que las denuncias sobre violaciones del derecho a la libertad personal, "han disminuido en 86,5% en comparación con el año 2009".
La funcionaria reconoció que hace falta avanzar en el tema penitenciario, toda vez que existe un repunte en la tasa de encarcelamiento.
"Hemos realizado más de 6 mil 991 inspecciones en distintos centros de reclusión, de salud, escuelas y casas de protección, entre otros recintos, a fin de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos que son atendidos en esas instituciones. De esas inspecciones realizamos 1.212 en centros de detención policial, 724 en centros penitenciarios, 1.108 en centros educativos y 717 en centros de salud", señaló.
Entre los logros de la Defensoría del Pueblo, que mantiene 11 mil 305 expedientes, Ramírez mencionó la indemnización a 64 víctimas del "Caracazo", con lo que habría beneficiado a cerca de 180 familias.
Estaba previsto que el CNE, la Fiscalía General, la Contraloría y el TSJ acudieran también a rendir cuentas. Sólo el primero consignó el informe por Secretaría y se supo que la fiscal, Luisa Ortega, y el contralor, Clodosbaldo Russián, asistirán el martes 22. |
